Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas
democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de
negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un
evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado
resolver con el máximo acuerdo. Pero la respuesta siempre ha sido una
negativa o, peor aún, una reacción regresiva insostenible. Cuando el
Tribunal Constitucional tumbó el Estatuto, que previamente había sido
votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum
por los ciudadanos de Catalunya, se rompió el pacto constitucional de
1978. Posteriormente, se han formulado propuestas como un pacto fiscal
en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una
consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero
todo ha sido en vano. El “no” ha sido la única respuesta.
Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores,
el Gobierno de Catalunya propone de resolverlo convocando un referéndum
de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum
no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado
español, como hubiera sido deseable y como ha pedido reiteradamente una
amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalana.
En concreto, se constituyó un espacio llamado “Pacto Nacional por el
Referéndum” que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue
posible. De hecho, hoy la justicia española está investigando
responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlamento y nunca
invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratase de una
actividad ilícita.
Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha empezado una ofensiva de represión sin precedentes en la que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos i amenazando medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. Mientras tanto, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlamento, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad y ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el mismo Tribunal Constitucional y otros estamentos del Poder Judicial. Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito.
Por otra parte, el apoyo de la sociedad
catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos
los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como
también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de
cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde 2012 mueven
millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales,
que han sido alabadas por la prensa internacional como ejemplo de
civismo.
Es por esto que queremos hacer un nuevo
llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su
presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de
qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes
celebremos el referéndum. Un diálogo abierto y sin condiciones. Un
diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para
hacer posible lo que en democracia nunca es problema ni todavía menos un
delito: escuchar la voz de la ciudadanía.
Nos
dirigimos, en este sentido, al Presidente Mariano Rajoy y enviamos una
copia al Jefe del Estado, S.M. el Rey Felipe VI, para que entienda que
no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas.
Nuestra disposición al diálogo ha sido, es y será permanente.
Cordialmente
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